miércoles, 29 de marzo de 2017

Detienen al Fiscal del estado Edgar Veytia en San Diego


CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Edgar Veytía, Fiscal General de Nayarit, fue detenido en San Diego California, Estados Unidos, acusado de delitos contra la salud, al introducir droga a ese país. Desde el 2013, Proceso dio a conocer las acusaciones que realizaron en su contra habitantes de ese estado por vínculos con grupos del narcotráfico.
Esta mañana, Radio Formula dio a conocer la noticia sobre su detención. De acuerdo con el reporte, la detención se llevó a cabo desde el pasado lunes y ese mismo día fue trasladado al Centro Federal de Detenciones de San Diego.
El fiscal en funciones, acusado de introducir droga a EU, ha sido señalado por sus presuntos nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El gobernador de Nayarit Roberto Sandoval y la Procuraduría General de la República (PGR) confirmaron la detención. El gobernador no dio detalles de la detención, señaló que no se puede declarar culpable al fiscal hasta que se demuestre si es culpable y dijo que colaborará con las autoridades estadunidenses en la investigación del caso.
Édgar Veytia. Casado con la hija de la alcaldesa de Compostela, Alicia Monroy Lizola, es temido por los lugareños, quienes desde el 20 de diciembre de 2013 lo señalan por sus presuntos nexos primero con Los Zetas y actualmente con el CJNG.
Ha sido denunciado por despojo de tierras, amenazas, extorsión, feminicidio, secuestro, levantones y desaparición de personas. Durante su gestión al frente de la Fiscalía, la dependencia fue señalada por no recibir denuncias de los afectados.
El CJNG ha consolidado sus operaciones en los estados del Bajío. La organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, domina gran parte del Océano Pacífico y del Golfo de México, y al extender su poderío a Quintana Roo, también controla el tráfico de estupefacientes por el Mar Caribe.
La organización criminal desplazó a sus rivales del Cártel de Sinaloa en algunas plazas. De acuerdo con un reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el CJNG opera en Quintana Roo, Veracruz, Guerrero, Estado de México, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. En este último se celebran elecciones este año.
En esa última entidad el fiscal estatal, Édgar Veytia, es señalado de brindar protección al cártel del Mencho. La acusación no es nueva. El 20 de diciembre de 2013 Proceso informó sobre las extorsiones, despojos, robos, levantones y secuestros de los que eran objeto los dueños y concesionarios de terrenos en Nayarit por parte de los sicarios de esa organización.
Según algunos de los afectados, Veytia los encabezaba.
El último caso en que lo involucraron como responsable directo, fue la desaparición de Julián Venegas Guzmán, compadre de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, ocurrida el pasado 1 de abril. Presuntos policías estatales lo levantaron poco después de las 14:00 horas cuando Venegas y su pareja, Olivia Ofelia Solís Ibarra, salieron de Compostela, Nayarit, a bordo de un jeep Wrangler azul modelo 2001, rumbo a Puerto Vallarta, Jalisco, por la carretera federal número 200. Se detuvieron a cargar gasolina en la estación ubicada en el kilómetro 38.6, a 300 metros de la Preparatoria 7.
En este lugar fue interceptado por policías estatales y nunca se le volvió a ver.
Semanas después de la desaparición de Julián, su hijo José Venegas Oviedo presentó una denuncia ante Héctor Miguel Sánchez Banderas, coronel de infantería de la 13 Zona Militar.
El 25 de mayo del mismo año, los familiares de Julián Venegas presentaron una queja ante la CNDH. Relataron que el 1 de abril esperaron en vano la llamada de los secuestradores. Al día siguiente, José, sus hermanos Luis y Grecia, así como su mamá y Olivia acudieron a la fiscalía a presentar la denuncia.
“Fuimos citados por el fiscal Édgar ¬Veytia y procedieron a levantarnos la declaración sin asignarnos número de folio alguno ni abrir una averiguación previa. Al observar dicha actitud, informamos al gobernador del estado, Roberto Sandoval Castañeda, y al secretario de Gobierno, José Trinidad Espinoza, pero no nos otorgaron ninguna ayuda”, expusieron ante la CNDH.
La Fiscalía General del Estado de Nayarit no sólo no ha investigado sobre el paradero de Julián, sino que pidió a sus hijos no acudir al Ejército para “no entorpecer las indagatorias”, según denunciaron.
El 9 de junio, Grecia Venegas, quien es ahijada de bautismo del Chapo Guzmán, dio una conferencia de prensa en la que denunció al fiscal Veytia de estar detrás de la ¬desaparición de su padre y lo responsabilizó de lo que pudiera sucederle a su familia.

sábado, 11 de marzo de 2017

Guatemala llora y pide justicia para las 37 niñas calcinadas en incendio de albergue

Fuente/Agencias

Las violaban, sufrían golpizas; ira por 37 niñas calcinadas en Guatemala

Fue una tragedia que pudo evitarse. 60 niñas fueron encerradas en un cuarto de 4x4 m², con la puerta bajo llave y las ventanas aseguradas, como castigo por la fuga de 19 menores el día anterior, quienes huyeron cansadas de los maltratos.
Un incendio el pasado miércoles en protesta por los maltratos, abusos sexuales y las malas condiciones en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en San José Pinula, acabó con la vida de 37 niñas, 19 de ellas murieron calcinadas en el albergue que fue construido para 500 jóvenes, pero al momento del fuego había 800.
Ayer comenzó el doloroso adiós a las víctimas. Una de ellas fue Madelyn Patricia Hernández Hernández, de 14 años. Era huérfana desde los 3 años cuando pandilleros mataron a su madre por no pagar una extorsión, contó la abuela de la niña, María Antonia García.
La joven se había portado mal, dijo García, pero se esperaba que saliera del albergue el 30 de marzo tras varios meses en el centro. Madelyn se quejaba de que ellas y otras niñas sufrían golpizas, contó la abuela a la AP.
Geovany Castillo relató que su hija de 15 años, que sufrió quemaduras en la cara, brazos y manos, le comentó que “el lugar estaba cerrado con llave, que entre varias niñas derribaron la puerta”. “Me dijo que sus compañeras le contaron que ahí las violaban y en protesta se escaparon y luego en protesta les prendieron fuego a las colchonetas, comentó.
A las colchonetas de esponja les faltaban pedazos, los que las menores arrancaban para utilizarlos como toallas sanitarias. “Más que hogar parecía una prisión”, dijo al diario Prensa Libre una donante que trató de apoyar un programa ocupacional con niños y adolescentes en el centro, adonde la mayoría llegó por conflicto intrafamiliar, otras porque escaparon de sus casas o estaban implicadas en alguna riña.
“Casi nadie dona ropa interior o toallas sanitarias”, indicó la donante, quien descubrió a través de quienes lavan la ropa que las niñas “¡no tienen ni sus propios calzones!”.
Contó que le llamó la atención de que a muchos de los menores les suministraban fármacos psiquiátricos. “No sé si lo hacían para mantenerlos tranquilos”.
Denuncias y quejas de familiares, organizaciones fueron presentadas, pero no tuvieron eco. La Oficina del Procurador de Derechos Humanos documentó 45 abusos en el hogar entre 2012 y 2016, entre ellos indicios de maltrato a niños, niñas y adolescentes por parte de los monitores; posible reclutamiento con fines de trata; 15 adolescentes varones en conflictos con la ley penal, infraestructura o mobiliario colapsado, publicó elperiodico.com.gt.
“Ellos –los encargados– sabían lo que estaba pasando y cerraron los ojos, no quisieron ver. Ahora pido justicia por lo que pasó y que todo el pueblo de Guatemala pida el peso de la ley”, dijo a Prensa Libre Rosa María Tobar, madre de Rosa Julia Espino Tobar, menor que soñaba con ser secretaria y sus sueños se fueron a la tumba.
Ayer, Blanca Lidia Martínez, abuela de dos niñas internadas en el hogar, dijo al elperiodico.com.gt que aún desconocía si sus nietas habían fallecido en el incendio. Indicó que le confirmaron que estaban en la morgue, pero al registrar el listado no las encontró.
La información sobre lo que sucedió en ese centro de acogida para adolescentes, que depende del Gobierno, llega a cuentagotas y es brutal.
Las críticas se dirigen al gobierno de Jimmy Morales y a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. La tragedia es un “crimen de Estado”, gritaron en las calles.

Accidente en simulacro de PCE cumple 4 años

SAN BLAS Hoy se cumplen 4 años... Accidente en simulacro de Protección Civil dejó un muerto y tres heridos *Se presumió negligenci...